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Los científicos observan evidencia inequívoca de que el calentamiento global acelerado es causado por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por la actividad humana moderna. Los GEI, como el dióxido de carbono (CO2), el metano y el óxido nitroso, atrapan el calor dentro de la atmósfera de la Tierra, la concentración de CO2 ha aumentado casi un 50% desde la Revolución Industrial.

Este desarrollo ha coincidido con un aumento de 1.1°C en las temperaturas globales en los últimos dos siglos aproximadamente, y cada una de las últimas cuatro décadas ha experimentado tasas progresivas y sin precedentes de calentamiento.

Estos cambios ya están afectando los patrones meteorológicos y climáticos a largo plazo que caracterizan la era del Antropoceno (humana), lo que lleva a eventos climáticos cada vez más frecuentes y severos. Según la tasa actual de emisiones, el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (IPCC) cree que probablemente superemos su objetivo de mantener el calentamiento global dentro de 1.5 a 2°C desde la Revolución Industrial.

Se requiere una acción urgente y actualmente existe un amplio acuerdo global sobre la importancia de esta tarea. Hasta junio de 2021, 59 países que representan casi el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero habían comunicado compromisos de alcanzar emisiones netas cero para 2050. Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía (IEA) considera la fijación de precios del carbono en todas las regiones como una herramienta necesaria para lograr los objetivos de emisiones netas cero.

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son un ejemplo clásico de externalidad negativa: los terceros a menudo sufren mucho más los efectos negativos de las emisiones que los propios contaminadores. Por lo tanto, el propósito de la fijación de precios de carbono es "internalizar" estos efectos y crear incentivos basados en el mercado para que los contaminadores reduzcan sus emisiones, reduciendo en última instancia los efectos de la externalidad negativa.

La investigación sobre el tema comenzó en la década de 1980, junto con el aumento de la conciencia sobre el cambio climático, culminando en el Protocolo de Kyoto en 1997, que introdujo el primer sistema de comercio de emisiones a nivel mundial. En las décadas siguientes, hemos llegado a comprender algunos de los desafíos de implementar este simple concepto económico en el mundo real.

Por definición, es difícil establecer un costo "fundamental" para la absorción de carbono, por lo que cualquier afirmación sobre el precio del carbono depende en gran medida de la autoridad impuesta, lo que plantea la pregunta: ¿quién protege el precio del carbono?

Esto es especialmente pertinente en el caso de los mercados voluntarios de carbono, donde sigue habiendo una falta de normalización. Pero incluso en los mercados regulados de carbono, hay un mayor análisis de la responsabilidad, por ejemplo, en el gasto de los ingresos por impuestos al carbono.

Para que la fijación del precio del carbono tenga un impacto, la emisión de carbono debe ser suficientemente costosa. Esto podría tener repercusiones profundas en todos los sistemas económicos, desde los costos operativos de las empresas hasta los cambios en las contribuciones de los ingresos fiscales y, en última instancia, en la inflación.

Goldman Sachs estima que cada aumento del 10% en el precio del carbono podría elevar la inflación general en la zona del euro en 0.1 punto porcentual. Aunque esto sigue siendo una aproximación, el mecanismo de transmisión de la fijación de precios de carbono al consumidor final aún está evolucionando, la dirección es clara.

En nuestro mundo globalizado, la fijación del precio del carbono cuestiona las ventajas competitivas a corto plazo, así como las desigualdades más profundas y estructurales entre los países.

Actualmente, la fijación del precio del carbono funciona principalmente como una penalización para las empresas, especialmente en los mercados desarrollados. Esto crea un incentivo para que las empresas trasladen operaciones contaminantes a otros lugares, provocando lo que se conoce como "fuga de carbono", cuando el carbono emitido ya no es capturado por los reguladores, pero sigue circulando, socavando los esfuerzos de descarbonización.

Estos casos ya han estimulado propuestas de impuestos de ajuste en las fronteras en la UE. Mientras tanto, en un mundo ideal, la fijación del precio del carbono también debería recompensar la preservación del capital natural, la mayor parte del cual se encuentra en los mercados emergentes. No existe un marco sistemático para estos incentivos positivos, aunque Brasil ya ha exigido mil millones de USD a las naciones occidentales para recompensar el trabajo de conservación. Todos estos factores resaltan las sensibilidades políticas en juego, considerando que las emisiones y el calentamiento global no se detienen en las fronteras nacionales, un ejemplo clásico de la "tragedia de los bienes comunes".

Finalmente, para los inversionistas enfocados en la inversión sostenible, si bien los objetivos de la fijación del precio del carbono están claramente alineados con la descarbonización, existen consideraciones de sostenibilidad tanto con los mercados de carbono regulatorios y voluntarios por igual.

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En los mercados regulados, los créditos de carbono funcionan como commodities tradicionales. Como resultado, no hay transparencia o intencionalidad entre los participantes del mercado, y no se atribuye impacto alguno. Mientras tanto, la falta de estándares en los mercados voluntarios es una preocupación. Algunos también cuestionarían el concepto de "compensación", donde normalmente se utilizan créditos voluntarios, ya que los créditos baratos y disponibles podrían desalentar acciones reales o causar fugas de carbono.

Los mercados de carbono regulatorios, o de cumplimiento, se construyen en torno a legislaturas nacionales o regionales. Observamos dos enfoques principales para la fijación regulada de precios del carbono: impuestos sobre el carbono y sistemas de comercio de emisiones (ETS). Actualmente, las iniciativas de fijación de precios del carbono cubren casi el 23% de las emisiones globales, en 68 territorios diferentes. A menudo, estas iniciativas cubren solo una parte de las emisiones de una jurisdicción, centrándose en industrias intensivas en energía.

Los mercados voluntarios de carbono, conocidos comúnmente como créditos o compensaciones, se remontan a 1989, y el primer mecanismo oficial para compensar el carbono, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de las Naciones Unidas, se estableció en virtud del Protocolo de Kyoto de 1997. El concepto implica evaluar y certificar proyectos que reduzcan o eliminen el carbono de la atmósfera, y cada tonelada de CO2 que luego se puede comprar, para compensar las emisiones generadas en otros lugares.

Desde una perspectiva regulatoria, si bien el RCDE UE estaba inicialmente vinculado al MDL, su uso ha sido restringido desde 2008. A partir de 2021, se ha prohibido el uso de créditos de carbono para fines de cumplimiento regulatorio. Dicho esto, todavía está permitido en el mercado californiano, y el mercado australiano recientemente reformado también se basa íntegramente en créditos.

Las razones de esta controversia son dos. En primer lugar, se cuestiona el concepto fundamental de poder compensar comportamientos indeseables. Y, en segundo lugar, el mercado de créditos voluntarios está completamente impulsado por la oferta y la demanda privadas, y hay una falta de estándares y visibilidad. Esto significa que la calidad y la integridad de los créditos en circulación pueden variar ampliamente, y se requiere una extensa debida diligencia para determinar la calidad del crédito.