Investigación del CIO
Invirtiendo en México: En busca de claridad
Analizamos por qué la reforma judicial puede gradualmente debilitar las instituciones y el entorno macroeconómico del país.
Predecir el impacto económico de las reformas judiciales en México sigue siendo complicado. En este informe, exploramos la gran incertidumbre en cuanto a su aplicación, y al mismo tiempo, las ventajas clave que México sigue ofreciendo como su proximidad a Estados Unidos.
Reforma judicial
- La inesperada victoria aplastante de Morena allanó el camino para aprobar la reforma judicial, que creemos que probablemente debilite los contrapesos. Sin embargo, el sistema judicial mexicano lleva mucho tiempo con un estado de derecho débil, como ponen de relieve los indicadores de gobernanza del Banco Mundial.
- Es poco probable que la reforma aborde cuestiones clave, como la impunidad y la corrupción en el sistema judicial. Por otra parte, su aplicación podría enfrentarse a importantes dificultades y correr el riesgo de politizar el proceso judicial.
- El aspecto más controvertido es el plan para elegir por votación popular a jueces federales, magistrados y jueces de la Suprema Corte. Más de 1600 puestos se decidirán en dos fases: la primera en 2025 y la segunda en 2027. Los expertos temen que en estos nombramientos pesen más los factores políticos que las cualificaciones.
- Otro cambio clave es la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, compuesto por cinco miembros elegidos por votación popular, para supervisar a los funcionarios judiciales. Este tribunal tendrá amplios poderes para sancionar o destituir a los jueces, no solo por mala conducta, sino también por resoluciones judiciales carentes de objetividad, independencia o profesionalidad.
- Las decisiones de esta entidad serán definitivas e inapelables, lo que suscita preocupación por la insuficiencia de garantías frente a posibles presiones sobre los jueces.
- Existe la esperanza de que estas leyes aborden las preocupaciones de los inversionistas y potencialmente reduzcan las repercusiones negativas. Los expertos jurídicos prevén cambios en la logística, el alcance y los plazos, pero nada que altere sustancialmente la reforma.
- Los problemas relacionados con el estado de derecho han sido, durante mucho tiempo, un obstáculo para las empresas en México. Sin embargo, la ventaja geográfica de México permanece inalterada, ya que es la única nación, aparte de Canadá, con acceso directo al mercado estadounidense sin necesidad de cruzar un océano u otro país.
- Las inversiones continuarán a pesar de la debilidad del estado de derecho, aunque no al nivel ni al ritmo que podrían alcanzar. Esto genera un importante costo de oportunidad de la reforma judicial, ya que México debería estar capitalizando las tendencias del acercamiento de la producción para atraer más inversiones.
- Es probable que las empresas más pequeñas serán las más afectadas. Éstas enfrentarán una mayor incertidumbre a la hora de obtener protección judicial y sentencias justas, ya que el sistema local puede volverse más propenso a los conflictos de intereses y a la influencia política. Al contrario, contamos con que las grandes empresas multinacionales puedan recurrir al arbitraje internacional para resolver sus litigios.
Impacto económico
- El Gobierno entrante se enfrentará a un panorama económico difícil, dónde es probable que la reforma judicial gradualmente debilite las instituciones y el entorno macroeconómico. Esta incertidumbre política también impactará la confianza de los inversionistas.
- Históricamente, el crecimiento del PIB se ralentiza de forma considerable en el primer año de cualquier nueva administración. Ello se debe a diversos factores: las administraciones salientes se apresuran a completar proyectos y programas sociales antes de las elecciones, lo que provoca una reducción del gasto fiscal; los nuevfuncionarios se centran en diseñar políticas y normativas económicas, lo que provoca una pausa en la actividad gubernamental e incertidumbre en el sector privado, y la transición de los funcionarios implica una curva de aprendizaje, lo que retrasa el gasto público, la concesión de licencias y las aprobaciones.
- Además de estos factores generales, vemos una confianza empresarial deprimida y una necesidad de consolidación fiscal, junto con una moderación de la economía estadounidense que podría afectar negativamente a las exportaciones y las remesas. Por tanto, hemos revisado a la baja nuestras previsiones de crecimiento del PIB hasta el 1,3% para 2024 y el 1,0% para 2025.
- Hasta hace poco, las perspectivas económicas de México parecían mejorar con la tendencia al acercamiento de la producción. Sin embargo, ahora vemos el riesgo de que México no se beneficie plenamente por culpa de un estado de derecho más débil. A pesar de ello, no se esperan rebajas inmediatas de las agencias de calificación, ya que la reforma, por sí sola, no debería bastar para desencadenar tal acción.
- Las agencias de calificación podrían cambiar la perspectiva de estable a negativa a la espera de una mayor claridad sobre los efectos a largo plazo de la reforma, al tiempo que se centran en los esfuerzos de consolidación fiscal. Esperamos que el Estado mantenga su grado de inversión en los próximos 12 a 24 meses, pero existe un mayor riesgo de que Moody’s o S&P le rebajen un escalón.
- En 2025, varios factores temporales de respaldo fiscal podrían aliviar las finanzas públicas. Entre ellas figuran menores amortizaciones de la deuda de Pemex (aunque volverán a aumentar en 2026), una reducción del gasto de capital a medida que se completen los proyectos prioritarios de infraestructuras y menores pagos de intereses debido al recorte de tipos previsto. Estos factores podrían ayudar a México a mantener su calificación crediticia hasta 2025, pero se prevén mayores presiones en 2026 a medida que estas condiciones favorables vayan desvaneciéndose.
- Los inversionistas buscan señales de si su administración mantendrá la continuidad política o adoptará un enfoque más favorable a las empresas. Si bien la legislación secundaria relativa a la reforma judicial podría ayudar a distinguir la nueva administración, se necesitan más medidas para abordar las preocupaciones de los inversionistas y garantizar la estabilidad y el compromiso con las obligaciones comerciales internacionales.
- Aunque existe optimismo sobre las posibles decisiones pragmáticas de Sheinbaum, sobre todo en lo que al sector privado se refiere, confiar únicamente en la esperanza puede ser peligroso. Aconsejamos adoptar un enfoque de inversión prudente en México hasta que haya más claridad política. Esperamos un mejor equilibrio entre riesgos y rendimientos hacia finales de año, una vez que se haya ultimado la legislación secundaria y se conozcan mejor sus efectos.
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